Esta nota es parte de una serie que los autores escribirán con la intención de publicar contenidos comunes a los blogs de la red latinanoamericana de protección de datos personales y difundir los aspectos mas importantes de la protección de datos personales en la región. Con ella se pretende busca introducir al lector al estado actual de la e datos personales en la región latinoamericana.

• Argentina

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Uruguay

Conclusiones. Solamente dos países poseen leyes que siguen el modelo europeo en la región (de las cuales una ya fue considerada adecuada por la Unión Europea de protección de los datos personales) y en otros tres países hay proyectos legislativos en curso de análisis. El resto de la región parece encontrarse un tanto distante de tener una ley de protección de datos personales.

En junio de 2007 el Congreso de la República de Colombia aprobó el proyecto de ley estatutaria 221 de 2007 Cámara/ 27 de 2006 Senado “Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial y de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. El artículo 153 de la Carta Política de 1991 establece que dentro del trámite de expedición de leyes estatutarias es necesaria la “revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto” y que cualquier ciudadano puede ”intervenir para defenderla o impugnarla”.

En estos momentos el proyecto se encuentra en la Corte y durante la etapa correspondiente varios ciudadanos, exmagistrados de la Corte Constitucional, reconocidos constitucionalistas, empresarios, gremios empresariales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la academia presentaron solicitudes defendiendo y rechazando (total o parcialmente) el proyecto. Esto es natural pues es muy difícil aprobar un texto que recoja los deseos de todos. El problema es cuando el mismo está inclinado hacia los intereses de los administradores de bancos de datos y no frente a los anhelos del país y todos los colombianos. Algunos artículos del proyecto tratan de mantener un “statu quo” de las políticas privadas que han reinado en Colombia por más de 30 años. Parece ser que se quiere evitar que Colombia tenga una ley ajustada al mandato constitucional y al contexto internacional que le permita a nuestro país ser catalogado como un sitio “adecuado para la protección de datos personales”.

Un sistema efectivo de protección de datos personales no es suficiente con una ley sino que debe ir acompañado de instituciones fuertes, autónomas e independientes que se conviertan en guardianes de los datos personales. Esto tampoco se ha querido hacer a pesar que es fáctible sin realizar reformas a la estructura del Estado. No entendemos como, sin argumentos jurídicos ni de ninguna especie, se descartó de plano que la Defensoría del Pueblo asumiese dicha labor respecto de cualquier clase de dato personal.

Sin perjucio de los aspectos positivos de proyecto, debemos anotar que el texto, sinceramente, es muy pobre, obsoleto y lleno de falencias no sólo frente a la concepción internacional de la protección de datos personales sino respecto de las necesidades que requerimos para que nuestros datos personales sean tratados debidamente. Muchas son las preocupaciones en torno al proyecto sobre las cuales ya nos hemos pronunciado desde el 24 de mayo de 2007 en nuestra columna titulada “Alarma y desconcierto por la futura ley de habeas data, la protección de los datos personales y los deudores morosos“. Con anterioridad a este texto, importantes columnistas dejaron sentada su posición. Así por ejemplo, Daniel Samper Pizano en enero de 2006 titulo su espacio “Reportado en datacrédito=muerte civil“. Expertos como Jeimy Cano ha previsto las implicaciones de seguridad que conllevará el texto de la ley.

En septiembre de 2007 el GECTI presentó ante la Corte un documento solicitando la inexequibilidad parcial del proyecto. Lo propio hizo tanto la Defensoría del Pueblo a través del oficio 4010-201 del 25 de septiembre como la Procuraduría General de la Nación mediante su concepto 4407 del 5 de diciembre de 2007. En estos momento no contamos con el texto de otras personas o instituciones que hayan solicitado la exequibilidad del proyecto para que el lector conozca otra visión sobre el mismo. No obstante, quedamos en las manos de la decisión de la Corte pues la misma será muy importante para el futuro de la protección de los datos personales de los colombianos.